Sin cuidados parentales

Nota preliminar – Este tema integra la serie de datos articulados en las condiciones de hábitat que se están evaluando en la elaboración integral del -ENAS-

Situación de Niños, Niñas y Adolescentes Sin Cuidados Parentales en la República Argentina.

Un equipo de especialistas de la SENNAF y UNICEF relevó por primera vez, entre junio de 2010 y junio de 2011, las 23 provincias del país y Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cuantificar la cantidad de chicos y chicas que vive en instituciones e indagar sobre las causas que llevaron a separarlos de sus familias , las condiciones en las que se encuentran los lugares que los albergan y la formación técnica del personal, así como también conocer el nivel de acceso a la salud y educación de los niños y niñas en esa situación y de las familias de acogimiento que cuidan de ellos, entre otras cuestiones.
Fuente: UNICEF, información de la presentación oficial  online

mariposa15 A continuación hemos transcripto el Prólogo y remarcado algunos datos de las Conclusiones expresadas como  Desafíos y Propuestas

Prólogo
Somos conscientes de que en el mundo entero la agenda propuesta por la Convención sobre los Derechos del Niño aún está en construcción. Así, la protección de los derechos de todos los niños y niñas es un enorme desafío que interpela fuertemente a todos los sectores de la sociedad. En la República Argentina, en los últimos años, se han venido dando avances muy significativos bajo la dirección y coordinación del Estado nacional y los Estados provinciales.
Los niños y las niñas que, por distintas circunstancias, se encuentran transitoriamente separados de sus propias familias, necesitan de cuidados alternativos especiales. Para ello es imprescindible el abordaje y el apoyo integral e intersectorial coordinado de las distintas áreas de gobierno y de la sociedad en su conjunto, para acompañar a esos niños y niñas a fin de superar esa situación y lograr que sus derechos estén plenamente garantizados.

En este contexto, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF encaramos en conjunto un relevamiento nacional de la situación de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales de todo el país, junto al activo apoyo de las autoridades provinciales que integran el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. El relevamiento tuvo como objetivo mejorar el conocimiento de la situación de la infancia sin cuidados parentales en cada una de las provincias, favorecer su revinculación familiar en los casos en que sea posible, evitando la derivación a instituciones; generar acciones programáticas para prevenir la intervención de la justicia cuando no fuera necesario, y fortalecer las capacidades técnicas de los equipos intervinientes, con un enfoque de derechos. Los principales resultados de ese relevamiento nacional están contenidos en el informe que aquí presentamos.
En la Argentina, la aprobación de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26.061) implicó no sólo la adecuación de la legislación a los principios contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que significó también, el comienzo de una transformación de las diversas prácticas, instituciones y políticas destinadas a las personas menores de edad. El problema de los niños y niñas que no pueden estar al cuidado de sus familias, el tipo de cuidados alternativos que tienen derecho a recibir, la intervención de los órganos administrativos y de los jueces en esas situaciones o los procesos de desinstitucionalización son algunas de las dimensiones en las que el cambio normativo vino a impactar, generando nuevas demandas y desafíos.
En el ámbito internacional, las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños aprobadas en el año 2010 han establecido pautas adecuadas de orientación política y práctica relativas a la protección y al bienestar de los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación que han sido, junto a la normativa nacional, las bases fundamentales para el análisis del estudio realizado.
Este informe da cuenta del diagnóstico actual sobre la situación de la infancia bajo cuidado institucional y permite conocer las causas de separación de las familias, los programas de acogimiento familiar existentes en las diferentes provincias, la calidad de las instituciones públicas y privadas, así como también las condiciones en que se producen los egresos.
Todos estos son insumos fundamentales que ya están siendo usados para la implementación de programas y políticas con el fin de mejorar la calidad de vida de aquellos niños y niñas que se encuentran privados de su medio familiar, a través de la institucionalidad de políticas centradas en garantizar la protección de sus derechos en forma integral.
En la Argentina se han logrado, en los últimos años, avances de gran trascendencia en el reconocimiento y acceso de niñas y niños a sus derechos. Paralelamente, se han ido generando condiciones para abordar nuevos desafíos en el mismo sentido. El presente informe permite sentar las bases para un nuevo modelo de abordaje institucional para la infancia sin cuidados parentales, para que ese grupo de niñas y niños que atraviesa situaciones de tanta vulnerabilidad goce de una adecuada protección especial de sus derechos.
Estamos convencidos de que los elementos que provee el presente relevamiento, junto al liderazgo que vienen ejerciendo el Estado nacional y los Estados provinciales, se traducirá en el diseño e implementación de modernas políticas públicas, transformadoras y eficaces en la materia.

Andrés Franco, Representante de UNICEF
Gabriel Lerner, Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

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pág. 42   A modo de conclusión
De los 40.117.096 habitantes que hay en la República Argentina, 12.333.747 son niños, niñas y adolescentes que constituyen el 30,75% de la población. Sobre ese total, 14.675 son niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.
Se concluye entonces que 1 de cada 1000 niños, niñas y adolescentes se encuentra sin cuidados parentales y con algún tipo de abrigo en la República Argentina.
Este resultado, inferior al esperado atento a las estimaciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y de otros organismos públicos y privados, nos coloca en una posición alentadora al momento de avanzar en políticas de restitución de derechos. El desafío de encontrar respuestas a cada una de las situaciones en las que se encuentran, en particular la de los niños y niñas que llevan largo tiempo institucionalizados, es cuantitativamente viable, aunque sea de las situaciones más complejas. Se trata de optimizar aún más las políticas y las acciones de todos los actores del sistema de protección de derechos tanto a nivel local, provincial y nacional.
Las proporciones de varones y mujeres menores de 18 años sin cuidados parentales resultaron iguales a las que surgieron a nivel nacional en el censo 2010: 49% mujeres y 51% varones. Frente a este dato, afortunadamente, estamos en condiciones de aseverar que el ingreso de niños, niñas y adolescentes a dispositivos de cuidado alternativo a la familia, así como la permanencia en estos, en principio no tendría vinculación directa con dicha categoría.
La información recabada señala que el 45% de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados tiene entre 13 y 17 años de edad.
Por otra parte, se observa que los niños de 0 a 5 años constituyen un 26% del total. Estos datos dan cuenta de varias cuestiones. Que los adolescentes ingresaron de pequeños a lo que antes se denominaba “el sistema”, lo que indica en algunos casos los tiempos prolongados de permanencia en las instituciones. Pero también es importante destacar que en los últimos años ingresan menos niños y niñas “al sistema tutelar o asistencia” y que la franja que corresponde a la concurrencia a la escuela primaria es menor en la actualidad; es así que podríamos aproximar como conclusión que la escuela es un ámbito contenedor y de apoyo familiar.
Otra cuestión a destacar es la carencia de información, en algunas provincias, respecto de los hoy adolescentes que ingresaron al sistema de cuidado institucional previamente a la sanción de la Ley 26.061, en el año 2005.
Según los resultados, la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes del país sin cuidados parentales se encuentra alojada en instituciones privadas. En segundo lugar, están los hogares o instituciones públicas. De los primeros, afortunadamente la mayoría mantiene algún tipo de convenio con el Estado provincial, lo que permite la asistencia técnica y la supervisión por parte de los órganos de aplicación. Las familias de acogimiento (o modalidades similares), constituyen la mayor cantidad de dispositivos, si bien sólo alojan al 13% de la población relevada.
El hallazgo más relevante de este trabajo es la confirmación de que aún existen tensiones entre el Poder Judicial y el administrador, principalmente en relación al momento de determinar quién adopta la medida de protección excepcional. En concordancia con este dato, en las provincias donde más se evidencia la tensión es mayor la injerencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo en relación a la adopción de medidas excepcionales. La situación actual nos muestra que transcurridos varios años de la sanción de Ley 26.061 continúa existiendo una gran cantidad de ingresos determinados por el Poder Judicial. Esto impacta definitivamente en el funcionamiento del nuevo sistema creado por esta ley y sus similares provinciales, en las que se establece que los órganos administrativos de protección son los que deciden la medida y luego el Poder Judicial realiza el control de legalidad en su función de garante. No obstante, la adecuación normativa en las distintas provincias del país y el debate que ellas conllevan demuestran una perspectiva favorable para revertir esta situación.

pág. 43 - La causa de ingreso a las instituciones por la mera pobreza ha sido superada. Sin embargo, es de destacar que los niños, niñas y adolescentes pertenecen a las clases más vulnerables de la sociedad. La mayor causa de ingreso es la violencia, el maltrato y en mucha menor medida, el abuso sexual.
Al momento de profundizar el porqué de este aumento es fácil advertir que a nivel judicial ante este tipo de situaciones está más facilitada la separación del niño de su medio familiar que la exclusión del hogar del agresor. Una de las razones posibles de este hecho es la inadecuada aplicación de las normas relativas a la protección de la niñez, en demérito de las de protección de la violencia intrafamiliar o domiciliaria.

En relación a los tiempos de permanencia y las distintas modalidades de alojamiento de los niños, niñas y adolescentes, es posible concluir que el acogimiento familiar en sus distintas formas no ha colmado las expectativas que se tuvieron respecto de él en los años 90. Por el contrario, en muchos casos, el Poder Judicial “descansa” cuando un niño permanece con una familia de acogimiento. De esta manera, el tiempo de permanencia se prolonga sin resolver su situación vincular, social, afectiva y jurídica. Tampoco ha garantizado un mejor trabajo de los equipos con las familias de origen a los fines de la vinculación. En algunas provincias es muy marcada la “sustitución” de la familia de origen por la de acogimiento y en casi todo el territorio el peso económico malogra los fines que se pretendieron alcanzar al diseñar una modalidad más “familiar” y menos “institucional”.
Afortunadamente, aunque perdura aún la cultura del paradigma tutelar, en todos las provincias se encuentra instalado un interesante debate sobre las nuevas prácticas que implican la adopción de un modelo más justo, igualitario y respetuoso de los derechos de los niños y las niñas y sus familias. En términos generales, se constataron buenas condiciones de alojamiento. En todos los casos (instituciones o sistemas de cuidado familiar tanto públicas como privadas), está garantizado el acceso a la salud, educación, documentación y demás derechos sociales como la Asignación Universal por Hijo, de corresponder, y pensiones asistenciales en casos de discapacidad.

Desafíos
• Seguir trabajando en las políticas de promoción y prevención, que han favorecido la disminución de medidas que causen la separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia y su comunidad.
• Resolver cuál es el órgano del Estado competente a los fines de decidir cuándo un niño, niña o adolescente debe ser separado de su familia de origen; y en caso de que esta sea la mejor decisión, cuál es el lugar indicado donde pueda desarrollarse.
• Avanzar en las reformas legislativas a fin de que todas las provincias sancionen su propia ley de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes.
• Trabajar en políticas de promoción, prevención y atención de todo tipo de violencias contra los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el castigo corporal con fines supuestamente correctivos y el abuso sexual.
• Profundizar el debate sobre la cuestión del tiempo en relación a las medidas (tanto integrales como excepcionales), teniendo en cuenta que el tiempo de los adultos y de las instituciones en general vulnera los derechos de los niños y niñas.
• Trabajar sobre los prejuicios que aún se evidencian tanto en funcionarios como operadores, en las familias de acogimiento o en los directivos de Organizaciones no Gubernamentales en relación a que las familias de origen de los niños, niñas y adolescentes “no saben, no quieren, no desean”.
• Profundizar la sensibilización respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes con problemas severos de salud. Es necesario advertir las grandes dificultades que encuentran los organismos de protección para promover su egreso. Tanto con su familia de origen como en adopción.

Propuestas
1. Diseñar protocolos referenciales de intervención que establezcan quién, cómo, cuándo y por qué se toman medidas de protección, en especial aquellas en relación a la separación de los niños de sus familias, de tal modo que se reduzcan los márgenes de discrecionalidad. En la aplicación de estos, se deberá tener en cuenta siempre la singularidad de cada caso.
2. Impulsar campañas de sensibilización promoviendo el buen trato hacia los niños en los medios masivos de comunicación.
3. Realizar un mapeo nacional de servicios de atención a niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia, como herramienta para alcanzar la óptima articulación entre los diferentes recursos existentes, tanto públicos como privados, y su fortalecimiento.
4. Promover la correcta aplicación de las leyes provinciales de prevención y protección contra la violencia intrafamiliar o doméstica que prioricen los derechos de niños y niñas, y la convivencia familiar, evitando la toma de medidas de excepción.
5. Definir estándares de calidad según el tipo de dispositivo de abrigo y de acuerdo con los niños, niñas o adolescentes que allí se alojan, que permitan un acompañamiento y una supervisión basados en pautas comunes que garanticen los derechos de los niños y niñas en estas cicunstancias.
6. Crear áreas de supervisión dentro de los órganos administrativos de protección de derechos, responsables de la adopción de medidas expecionales, para el monitoreo permanente de la pertinencia o no de la continuidad de las medidas excepcionales adoptadas, más allá del control de legalidad de la autoridad judicial competente.
7. Generar instancias de supervisión profesional, en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para acompañar a los equipos técnicos que se desempeñan en los dispositivos que alojan niños, niñas o adolescentes.
8. Promover una normativa a nivel federal que permita que los organismos administrativos de protección estén facultados para la supervisión y el monitoreo de Organismos no Gubernamentales o instituciones privadas que albergan niños, niñas o adolescentes (tengan o no convenio con alguna área estatal) a fin de contar con la mayor información institucional posible, dado que en la actualidad, en los casos en que no existe este convenio, esta resulta fragmentada o inexistente.
9. Crear una base nacional de datos estandarizada en el marco del SIIPPNAF sobre la situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que permita el intercambio periódico de información en relación a la situación actualizada de cada niño y niña. A tal fin, deberían suscribirse convenios con las distintas jurisdicciones provinciales.
10. Promover la adopción de niños, niñas y adolescentes cuando se hubiese agotado toda posibilidad de revinculación con la familia de origen, teniendo en cuenta sus tiempos vitales.
11. Propiciar espacios institucionales de formación que incluyan diferentes actores del sistema de protección (organimos de protección y Poder Judicial). Estos deberían contemplar la reformulación de algunas categorías conceptuales con las que se abordan las problemáticas de la niñez y la adolescencia que impacten en mejores prácticas, sobre todo en el trabajo con las familias de origen y con la comunidad de cada niño, niña y adolescente.

La publicación indica la Dirección Editorial de Marisa Graham, Directora Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de Gimol Pinto, Especialista en Protección de UNICEF

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